Interregional Jurisdictional Dialogue in the Investigation and Punishmnent of Sexual Violence

En el presente artículo las autoras analizan, desde la óptica del Derecho Internacional Público, la jurisprudencia creciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre vulneraciones de derechos humanos en las que se constata la comisión de actos de violencia sexual, incluyendo posibles crímenes internacionales, desde tres perspectivas complementarias: empírica, contextual y sustantiva. El propósito último de este estudio estriba en dirimir si ambos tribunales han entablado un diálogo interregional en esta materia, así como el alcance, pautas, principales notas distintivas y eventuales límites de esta novedosa interacción en la investigación y sanción de una forma de violencia tradicionalmente ausente de sus labores jurisdiccionales.In this article, the authors analyze from the perspective of International Public Law, the growing jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights on human rights violations in which the commission of acts of sexual violence is verified, including possible international crimes, from three complementary perspectives: empirical, contextual and substantive. The ultimate purpose of this study is to determine if both courts have engaged in an interregional dialogue on this matter, as well as the scope, guidelines, main distinguishing marks and possible limits of this novel interaction in the investigation and sanction of a form of violence traditionally absent in their jurisdictional work.Proyecto I+D Excelencia 2015 DER2015-65906-PProyecto I+D+i Europa Investigación EUIN2017-8543

Protección multinivel de derechos humanos. Guía de prácticas

La Guía de Prácticas tiene como objeto proporcionar un conjunto de referencias y textos doctrinales, jurisprudenciales y legales para el estudio de la protección multinivel de derechos humanos en América Latina desde una perspectiva comparada. Los contenidos se estructuran en tres grandes bloques: 1) La interpretación y protección de los derechos humanos en el marco multinivel; 2) Perspectiva horizontal: sistemas regionales de protección de derechos; y 3) Perspectiva vertical: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su relación con los sistemas jurídicos de los Estados. Cada uno de los capítulos incluye: una recomendación bibliográfica de lecturas clave en la correspondiente materia; una selección de jurisprudencia, acompañada de preguntas que contribuyan a guiar la comprensión; y un supuesto práctico para el desarrollo de las capacidades analítica, argumentativa, y de resolución de casos. En ocasiones, se incluyen actividades complementarias, como el visionado de recursos audiovisuales. Finalmente, se indican fuentes de información complementarias.La Guía de Prácticas es producto de la Red de Derechos Humanos en la Educación Superior (RedDHES), un proyecto ALFA financiado por la Unión Europea.Cap. 1. La protección multinivel, avances y retos / René Urueña. Cap. 2. La interpretación de los derechos constitucionales de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos / Karlos Castilla. Cap. 3. El sistema Interamericano de protección derechos humanos / Juliana Galindo. Cap. 4. El sistema europeo de protección de derechos humanos / Joan Solanes Mullor. Cap. 5. La interacción dinámica y horizontal entre los sistemas Interamericano y Europeo / Nicolás Montoya Céspedes. Cap. 6. El agotamiento de los recursos internos / Itziar Gómez Fernández y Carmen Montesinos Padilla. Cap. 7. Sistema de reparación de víctimas / Natalia Bernal. Cap. 8. El diálogo entre las Cortes constitucionales y supremas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos / Jorge Roa Roa

Can the Inter-American Court of Human Rights Offer Reliable Guidelines on the Assessment of Evidence in Criminal Matters? Also, a Warning against a Possible Misuse or Manipulation of International Case Law

El problema de intentar determinar cuándo la prueba presentada en un proceso penal supera el umbral necesario para derribar la presunción de inocencia y, de ese modo, poder fundar legítimamente una sentencia condenatoria, difícilmente pierda actualidad en los debates vinculados al derecho penal. En esa línea, este trabajo pretende analizar si los criterios empleados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pronunciarse sobre el asunto pueden aportar algo de claridad a la discusión y, en un segundo plano, utilizar este debate como muestra para advertir sobre los peligros que en la materia implica lo que puede ser considerado un mal uso o manipulación de la jurisprudencia internacional por parte de los tribunales locales.The scope of the so-called standard of proof in criminal proceedings has gained a lot of attention in recent times. With that in mind, this paper aims to determine whether the standard created by the Inter-American Court of Human Rights can be a reliable source. In addition, it tries to demonstrate how the arbitrary application of international case law can be dangerous for the rights of the defendant.Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociale

Can the Inter-American Court of Human Rights Offer Reliable Guidelines on the Assessment of Evidence in Criminal Matters? Also, a Warning against a Possible Misuse or Manipulation of International Case Law

El problema de intentar determinar cuándo la prueba presentada en un proceso penal supera el umbral necesario para derribar la presunción de inocencia y, de ese modo, poder fundar legítimamente una sentencia condenatoria, difícilmente pierda actualidad en los debates vinculados al derecho penal. En esa línea, este trabajo pretende analizar si los criterios empleados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pronunciarse sobre el asunto pueden aportar algo de claridad a la discusión y, en un segundo plano, utilizar este debate como muestra para advertir sobre los peligros que en la materia implica lo que puede ser considerado un mal uso o manipulación de la jurisprudencia internacional por parte de los tribunales locales.The scope of the so-called standard of proof in criminal proceedings has gained a lot of attention in recent times. With that in mind, this paper aims to determine whether the standard created by the Inter-American Court of Human Rights can be a reliable source. In addition, it tries to demonstrate how the arbitrary application of international case law can be dangerous for the rights of the defendant.Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociale

Can the Inter-American Court of Human Rights Offer Reliable Guidelines on the Assessment of Evidence in Criminal Matters? Also, a Warning against a Possible Misuse or Manipulation of International Case Law

El problema de intentar determinar cuándo la prueba presentada en un proceso penal supera el umbral necesario para derribar la presunción de inocencia y, de ese modo, poder fundar legítimamente una sentencia condenatoria, difícilmente pierda actualidad en los debates vinculados al derecho penal. En esa línea, este trabajo pretende analizar si los criterios empleados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pronunciarse sobre el asunto pueden aportar algo de claridad a la discusión y, en un segundo plano, utilizar este debate como muestra para advertir sobre los peligros que en la materia implica lo que puede ser considerado un mal uso o manipulación de la jurisprudencia internacional por parte de los tribunales locales.The scope of the so-called standard of proof in criminal proceedings has gained a lot of attention in recent times. With that in mind, this paper aims to determine whether the standard created by the Inter-American Court of Human Rights can be a reliable source. In addition, it tries to demonstrate how the arbitrary application of international case law can be dangerous for the rights of the defendant.Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociale

Evolución jurisprudencial sobre responsabilidad patrimonial extracontractual del estado por privación injusta de la libertad en los casos de absolución por duda razonable

Artículo de InvestigaciónEl artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagra una cláusula de responsabilidad del Estado en cierta forma como consolidación del Estado Social de Derecho. Esto debe entenderse como la identificación que el Estado en el ejercicio de sus actividades puede causar daños a personas que no tienen el deber jurídico de sopórtalos. Dentro de los títulos de imputación que se han creado legal y jurisprudencialmente, se encuentra el de privación injusta de la libertad. Es así como en principio se reconoció la existencia de responsabilidad del Estado solo en aquellos casos donde existiera un error de las entidades de la rama judicial, y posteriormente se produjera la exoneración por sentencia absolutoria del condenado, o porque el hecho punible no existió o el sindicado no lo haya cometido. Respecto del tema el Consejo de Estado ha considerado que en casos específicos en los que el sindicado es absuelto en virtud de la aplicación del principio de in dubio pro reo es probable predicar que existe responsabilidad por parte de la administración, lo que fue desvirtuado en cierta medida por la Corte Constitucional en su sentencia de unificación sobre el tema, lo que logra evidenciar las variaciones en las posiciones de las altas cortes en Colombia sobre el tema.Introducción. 1. Conceptos jurídico-penales en el marco de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. 2. Responsabilidad del Estado por la administración de justicia. 3. La privación injusta de la libertad en los casos de absolución por duda razonable en aplicación del principio in dubio pro reo. 4. Evolución Jurisprudencial del Consejo de Estado en los casos de privación injusta de la libertad por aplicación del principio in dubio pro reo. Conclusiones. ReferenciasPregradoAbogad

Estándares probatorios en el sistema acusatorio y su desarrollo en Colombia

Artículo de InvestigaciónDentro del sistema penal, los estándares probatorios son decisivos para garantizar la aplicación de los derechos y las garantías en aras del debido proceso y la protección de la presunción de inocencia del procesado, en relación con el deber de la defensa de desvirtuar las pruebas y la acusación, articulando principios rectores y garantías procesales que resguarden extensivamente el in dubio pro reo.INTRODUCCIÓN 1. El proceso hasta el juicio de acusación en el common law y el derecho continental. 2. Estándares probatorios en el registro y allanamiento, la interceptación de comunicaciones y otros procedimientos. 3. Estándares probatorios en la captura, la imputación y la medida de aseguramiento. 4. Lo que debe probarse en el proceso penal. 5. El estándar de prueba frente a los eximentes de responsabilidad y duda razonable —desde la defensa—. 6. La valoración probatoria y el estándar de prueba más allá de toda duda razonable en la sentencia. CONCLUSIONESPregradoAbogad

Entre el juicio justo & la regla de exclusión de la prueba ilícita

El progreso del constitucionalismo ha permitido la estructuración de procedimientos más democráticos, panorama que se ha visto reflejado en la categorización como derecho fundamental, del juicio justo y con él, el derecho a probar lícitamente. En Colombia, además, los procedimientos penales democráticos han estado asociados a profundas transformaciones constitucionales, pues las fórmulas incluidas a través de éstas a la Constitución Política y el reconocimiento de derecho fundamentales, han sido la base para culminar en un proceso penal más garantista y con amplio reconocimiento de derechos que inciden en la validez o no del juzgamiento y del dictamen final del juez fallador. El derecho fundamental a la prueba y, sobre todo, la evidencia “limpia”, “incontaminada”, en últimas lícita, son la traza que identifica la toxicidad o no del proceso penal. El proceso penal, sin duda alguna, tiene un alto contenido constitucional, por eso, la evolución en este terreno incide directamente en la forma como son investigados y enjuiciados los ciudadanos señalados por el Estado de subvertir la ley penal. El derecho a la prueba es una garantía judicial por constituir un medio jurídico idóneo para ejercitar el derecho al debido proceso reconocido en la Constitución; sin embargo, no es un derecho absoluto. El derecho a probar (lícitamente, obviamente) tiene como fuente el texto constitucional superior y los límites para su ejercicio son básicamente dos: el primero, exige seguir las formas que la Constitución y la ley exigen para recolectar y socializar la prueba o en últimas la manera como se garantiza la contradicción. Sin más, se trata de respetar el procedimiento fijado para el efecto. El segundo limite es de orden sustancial, valga precisarlo, la prueba a pesar de seguir la instrumentalidad recomendada por la ley, subvierte contenidos de orden sustancial que, sin duda alguna, trascienden al núcleo esencial del debido proceso o, dicho de manera más afín a éste trabajo, comprometen la garantía del juicio justo; tal situación se presenta cuando se admiten excepciones que permiten al Estado valerse de pruebas contaminadas para acusar y juzgar. La consecuencia a una tal manera de obrar, no puede ser otro que la aplicación de la famosa regla de exclusión, en el ordenamiento vigente, de forma no tan pura como se pretendeThe progress of constitutionalism has allowed the structuring of more democratic procedures, a panorama that has been reflected in categorization as a fundamental right, of fair trial and with it, the right to prove lawfully. In Colombia, moreover, democratic criminal procedures have been associated with profound constitutional transformations, since the formulas included through these to the Political Constitution and the recognition of fundamental rights, have been the basis to culminate in a more guarantee criminal process and with wide recognition of rights that affect the validity or otherwise of the judgment and the final judgment of the judge fault. The fundamental right to the test and, above all, the "clean", "uncontaminated" evidence, ultimately legal, are the trace that identifies the toxicity or not of the criminal process. The criminal process, without a doubt, has a high constitutional content, for that reason, the evolution in this area has a direct impact on the way in which the citizens designated by the State to subvert the criminal law are investigated and prosecuted. The right to evidence is a judicial guarantee because it constitutes a suitable legal means to exercise the right to due process recognized in the Constitution; however, it is not an absolute right. The right to prove (lawfully, obviously) is the source of the superior constitutional text and the limits for its exercise are basically two: the first, requires following the forms that the Constitution and the law require to collect and socialize the test or ultimately the how the contradiction is guaranteed. Without further ado, it is about respecting the procedure set for the purpose. The second limit is of a substantial order, it is worth specifying, the test despite following the instrumentality recommended by law, subverts substantial content that, without a doubt, transcend the essential core of due process or, said in a more akin to this work, compromise the guarantee of fair trial; such situation occurs when exceptions are allowed that allow the State to use contaminated evidence to accuse and judge. The consequence to such a way of acting, can not be other than the application of the famous rule of exclusion, in the current order, not as purely as intended

Estudo sobre o cumprimento da sentença relativa ao massacre de mapiripán contra a Colômbia

This article submits the analysis results of the accomplishment of condemnations demanded in the sentence of Mapiripán massacre against Colombia. The case evidences a particularity in the probative analysis about violation of human rights and the acknowledgment of the quality of victims; such peculiarities have impacted in the stage of accomplishment of condemnations against Colombian government. Therefore, the investigative problems consist in studying the probative inconsistence revealed with the showing of false victims acknowledged in the sentence. All of this, situations that transcend in the exam of the rules of the probative evidence before the Corte Interamericana de Derechos Humanos and the special circumstances of the accomplishment of the sentence commands. Este artículo presenta los resultados del análisis del cumplimiento de las condenas ordenadas en la sentencia de la masacre de Mapiripán contra Colombia. El caso evidencia una particularidad en el análisis probatorio sobre la violación de derechos humanos y en el reconocimiento de la calidad de víctimas, tales peculiaridades han repercutido en la etapa de cumplimiento de las condenas contra el Estado colombiano. La problemática investigativa consiste por tanto en estudiar la inconsistencia probatoria revelada con la demostración de falsas víctimas reconocidas en la sentencia. Todas, situaciones que trascienden en el examen de las reglas que rigen el acervo probatorio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las especiales circunstancias del cumplimiento de las órdenes de la sentencia.Este artigo apresenta os resultados da análise das condenações definidas pelas sentenças relativas ao massacre de Mapiripán contra o Estado Colombiano. O caso evidencia uma particularidade na análise probatória sobre a violação dos direitos humanos ao se reconhecer algumas peculiaridades com relação às vítimas, peculiaridades estas que repercutiram durante o cumprimento das condenações contra o estado colombiano. A problemática investigativa consiste no estudo da inconsistência probatória revelada com a revelação de falsas vítimas durante o pronunciamento da sentença. Todas estas são situações que transcendem o exame das regras que regem o acervo probatório da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e as circunstâncias especiais do comprimento das ordens consequentes das sentenças